La reforma educativa y sus leyes secundarias no responden a las necesidades que México requiere al considerar a la educación como una mercancía y no como un derecho humano de todos los mexicanos, afirmó la diputada Socorro Ceseñas Chapa al encabezar la conferencia “Educación en México; la reforma necesaria, ¿qué hacer?”, donde especialistas alertaron sobre el fin de la gratuidad en la educación y la necesidad de un proyecto alternativo de educación integral.
La legisladora del PRD comentó que los cambios en el sector están ligados más a lo laboral y atentan contra la educación del país y van en el camino privatizador de los energéticos, la salud y los derechos sociales, cuando México requiere una educación humanista, laica y gratuita que forme ciudadanos que respondan a los intereses de la Nación “no maquinitas que respondan a los intereses del mercado”.
La Maestra en Ciencias con especialidad en educación, Ana Isabel León Trueba, fue directa al señalar que la reforma educativa del gobierno federal no busca mejorar la calidad educativa en México, sino contar con las herramientas para destituir a los maestros que están vinculados con las comunidades y que obstaculizan su control político de las regiones del país.
Dijo que evaluar como lo pretenden hacer no es medir reduciendo el proceso educativo a solo esto y expedir directrices a las que se sujetarán las autoridades educativas porque si la prueba enlace fue calificada de mala, no se sabe entonces por qué la utilizaron durante años o para qué.
Hasta la fecha, comentó, existe un divorcio de los planes de estudios y las necesidades los docentes en todo el país y a esto se suma la intención del gobierno federal para terminar con la gratuidad de la educación consagrada en el 3° constitucional al legalizar las cuotas que ahora eran “voluntarias” aunque se obligaba a los padres de familias de las zonas más pobres a pagarlas.
“Todos sabemos que en las escuelas piden una cuota voluntaria, que no se debe cobrar, pero se toman represalias contras los alumnos que no las pagan. Por eso muchos las pagan para que sus hijos los dejen entrar a clases”, subrayó.
Y agregó: “en las escuelas públicas de Polanco no se obliga a los padres de familia y sus hijos a dejar limpios los salones antes de salir de clase como ocurre en las zonas populares y más pobres del país; ni pintan los pupitres”.
León Trueba apuntó que ahora con los cambios, el Estado Mexicano saca la autonomía de gestión para tratar de garantizar la calidad de educación, pero no se trata de una autonomía curricular o de organización escolar, sino una autonomía para resolver los problemas operativos de las escuelas, el mantenimiento del plantel, los baños, pintura, pago de luz eléctrica.
Al legalizar las cuotas voluntarias, señaló, se obliga a pagar a los padres de familia y dio un ejemplo: “En la zona mixteca les llegó un recibo de luz de 6 mil pesos de la escuela, que deberán pagar los padres de familias, la comunidad, y terminan así con la gratuidad de la educación, no obstante la partida presupuestal millonaria que este año recibió la SEP”.
Los gastos de infraestructura están en ese presupuesto gubernamental, pero si se hace un diagnóstico de cómo están las escuelas encontraremos muchas con techos de lona o láminas y en malas condiciones, concluyó.
Por su parte el doctor en Filosofía, Marco Eduardo Murueta, presentó un proyecto alternativo de educación integral, como medida para lograr mejorar la calidad de la educación en México y formar ciudadanos con verdadero sentido humano que permita a la sociedad transformarse y desarrollarse adecuadamente.
Este proyecto incluso propone nuevas materias de la enseñanza en lugar de aquellas que solo se memorizan y por lo general nunca se utilizan en la vida diaria de las familias ni en su desarrollo total.
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