sábado, 13 de septiembre de 2014

Funcionarios del IEEPO y la Sección 22 protegen a maestros corruptos y agresores sexuales.



Por: Agustín López Santiago.

Salina Cruz, Oax.-  La falta de atención por las autoridades educativas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la Sección 22 del SNTE, ha generado que en las escuelas primarias y secundarias se registren conflicto entre padres y profesores.




Las escuelas primarias, Pedro Sainz de Baranda, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, así como la secundaria “Gabriel Ramos Millán”, enfrentan problemas debido a que algunos profesores han sido denunciados por abuso sexual, desfalco y hasta hostigamiento hacia los alumnos.

De hecho, la escuela Pedro Sainz de Baranda en la colonia Guadalupe, el conflicto se debió a que la directora, Julissa Benítez Hernández, les impidió el ingreso a niños que portaban el logotipo de la escuela y además no traían los zapatos que había exigido para los homenajes que se realizan los lunes.

Los padres alegaron que la directora está coartándoles el derecho a la educación de sus hijos, sin embargo, los representantes de la supervisión escolar de zona los protegen presuntamente.



De igual forma en la escuela primaria Benito Juárez en la colonia Hidalgo Poniente los padres también acusaron al director, Felipe Pinacho y la tesorera no querían entregar cuentas claras de las aportaciones de los padres según denunció Benjamín Santiago padre inconforme.

En la escuela primaria Lázaro Cárdenas ubicado en la colonia Lomas de Galindo, ahí los padres denunciaron al profesor de educación física, Juan Martínez de haber agredido sexualmente a siete menores de edad estudiantes de ese plantel.

De acuerdo con la presidenta del comité de padres de familia, Cristina Leal acusó al director, Pablo Jiménez de encubrir al maestro y amenazar a las mamás de las niñas para que no presentaran la denuncia.





En lo que respecta a la escuela secundaria Gabriel Ramos Millán los padres se inconformaron con el comité y el director por haberse adjudicado sin consultarlos recursos que hasta el momento ascienden a más de un millón de pesos.

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